OPINIÓN
Discapacitados capacitados.

Juan V. Oltra

Creo que fue Ramón Gómez de la Serna el que a la pregunta ¿Tiene aficiones políticas? lanzada a ese catalán universal que fue Eugenio D´Ors, recogió una respuesta que valía por un libro: Sí, pero me las aguanto.

Esta situación de disgusto a derecha e izquierda del caos empieza a ser un lugar común para muchos ciudadanos de a pié. Los políticos proponen desde soluciones a necesidades perentorias hasta verdaderas atrocidades espurias con el agraviante de plagiárselas a diestra y siniestra sin piedad alguna. Elementos como la vivienda, la seguridad o la sanidad pueden verse casi idénticos en papeles de distintos tintes y colores políticos. La explicación evidente es que afectan a una gran masa de electores, algo que siquiera de rebote parece redundar en el bien común, aunque hay que tener cuidado: con este absurdo juego de las mayorías hay veces en que los que son menos deben sufrir no solo el ser olvidados sino también el ser pisoteados por el resto, quebrando con ello no ya la cacareada igualdad sino la tan necesaria justicia que debe figurar en el frontispicio de todo sistema político.

Y son generalmente los más débiles los que sufren el olvido y abandono, aquellos de los que nadie se acuerda excepto los que muy cerca los tienen. Entre los más débiles de nuestra cadena humana, el eslabón más endeble lo sitúo, quizá erróneamente, ustedes me disculparán, en ese colectivo que se ha dado en llamar "discapacitados".

Evidentemente la situación ha mejorado con respecto a no hace demasiados años: tenemos legislación (no desarrollada), una mayor concienciación ciudadana (que no impide la proliferación de barreras arquitectónicas) y una clase política que sabe distinguir lo que es justicia social de lo que es caridad (discúlpenme el comentario). Los discapacitados psíquicos ya no son los tontos del pueblo con un embudo en la cabeza dispuestos a hacer reír a todos (exceptuando lamentables ceremonias de la confusión en crónicas marcianas y similares) sino personas que al menos intentan integrarse con nosotros, sus iguales. Los discapacitados físicos no son ya tullidos, cojos y mancos que deben quedarse encerrados en su casa como juguetes rotos, sino seres que en un número para algunos sorprendente aunque siempre escaso, estudian y trabajan ganándose el pan, siendo y sintiéndose útiles.

Para este gran salto adelante hace falta no sólo una gran fuerza de voluntad de los directamente implicados y sus familias, sino el aplauso y apoyo de todos los demás, encabezados por los políticos, primus inter pares. En 1864, recogen las crónicas, que el capellán del Senado de Estados Unidos imploraba en su oración de un día de abril pidiendo más materia gris en la asamblea, algo que al parecer hasta ahora el Sumo Hacedor ha preferido no conceder. Será cuestión de pedirlo nosotros para el nuestro por si tuviéramos más suerte.

No quiero que parezca que estimo la legislación conseguida hasta ahora como despreciable. En desarrollo del artículo 49 de la constitución aparece, poco después, la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, más conocida como "LISMI" que (además de algún aporte del estatuto de los trabajadores y de la ley general de la seguridad social) ha sido desarrollada en materia de empleo (RD 1451/1983), de prestaciones (RD 383/1984), de centros especiales de empleo (RD 2273/1985 y RD 1368/1985), de autónomos (Orden de 21-2-1986 y Orden de 22-3-1994), de centros ocupacionales (RD 2274/1985), de propiedad horizontal (Ley 21-6-1990 y Ley 30-5-1995) y accesibilidad (RD 556/1989 y Orden de 3-3-1980).

Espero que después del párrafo anterior sigan ahí, tan tranquilos y sin despeinarse. Al aparente aluvión de normas habría que añadir (y no porque todo parecería poco, sino por los aspectos aun por desarrollar desde el ya lejano 82) otra lluvia.

Hemos salido hace pocos meses del año europeo de la discapacidad. 2003 ha concluido pero los problemas de nuestros discapacitados no. Quizá ha servido para ganar un poco de "peso político", aunque no como resolutivo de problemas (que la ley de accesibilidad tenga plazos de cumplimento de entre 10 a 15 años no ayuda precisamente a ello)

No quiero cerrar el artículo con un párrafo pesimista, no sería honrado, así que permítanme acabar felicitándonos por el avance logrado, algo para lo que simplemente buscando en mis memorias puedo dar testimonio: cuando vivía entre los mimbres de la adolescencia, recuerdo como un golpe emocional importante la noticia de que una buena amiga y su hermano dejaban Valencia para irse a vivir a Madrid por una discapacidad sobrevenida a su hermano, por la falta de medios materiales en mi ciudad. Eso fue ayer. Hace muy poco tiempo, tuve a un alumno, Carlos, con parálisis cerebral, algo totalmente impensable en aquellos años.

Para que Carlos, a quien dedico este artículo, y otros más, puedan seguir viviendo en un mundo que no les incremente las dificultades que ellos ya tienen de partida, solo puedo aspirar a que se cumplan un par de artículos de la citada "LISMI": el 3 y el 5. Háganlo los políticos y si no, castíguenlo los ciudadanos.



Artículo 3.

1. Los poderes públicos prestarán todos los recursos necesarios para el ejercicio de los derechos a que se refiere el artículo 1 ((...) derechos (...) en razón a la dignidad que les es propia, a los disminuidos en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales para su completa realización personal y su total integración social, y a los disminuidos profundos para la asistencia y tutela necesarias) , constituyendo una obligación del Estado la prevención, los cuidados médicos y psicológicos, la rehabilitación adecuada, la educación, la orientación, la integración laboral, la garantía de unos derechos económicos, jurídicos sociales mínimos y la Seguridad Social.

2. A estos efectos estarán obligados a participar, para su efectiva realización, en su ámbito de competencias correspondientes, la Administración Central, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales, los Sindicatos, las entidades y organismos públicos y las asociaciones y personas privadas.

Artículo 5.

Los poderes públicos promoverán la información necesaria para la completa mentalización de la sociedad, especialmente en los ámbitos escolar y profesional, al objeto de que ésta, en su conjunto, colabore al reconocimiento y ejercicio de los derechos de los minusválidos, para su total integración.


 
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