Juan V. Oltra

Se que muchos de los lectores de este artículo no estarán de acuerdo conmigo. Y vayan por delante mis disculpas, pero tan poco ético veía en este caso callarme como escribir algo en sentido contrario a lo que pienso, al menos con las informaciones que me van llegando.

Se dice que en España siempre hemos ido detrás de los curas, bien con el cirio, bien con la estaca. Algo parecido podríamos decir de la Guardia Civil, glorificada por muchos, vilipendiada por otros. Y así como desde las altas instancias parece haber una guerra abierta contra la Iglesia, tampoco parece que vaya a escaparse de rositas la benemérita.

A estas alturas, creo que todos ustedes sabrán que el Ministerio del Interior ha suspendido en sus funciones y ha abierto un expediente disciplinario por falta muy grave al teniente J. M. R., quien hizo uso de dos armas no reglamentarias para intentar reducir al detenido J. M. G., quien falleció en el cuartel de Roquetas (Almería). Ya habrán visto en la pantalla de sus televisiones como los políticos hacían una vez más suya la causa y empezaban a opinar. Incluso nuestro ínclito ZP parece haber tomado personalmente cartas en el asunto.

No entro a valorar estos hechos determinados, sino simplemente a dar a luz pública unos datos y opiniones, que en buena medida comparto, del cuerpo que implícitamente está siendo juzgado en este asunto.

Por una parte, tenemos una repetición de una vieja historia: indudablemente siempre el culpable es el que viste uniforme, sin escucharle, sin pensar en la situación. Un Guardia civil solo es un agresor, un facha trasnochado, y la víctima, un indefenso individuo, excelente persona a pesar de sus cincuenta detenciones anteriores, que no eran más que exceso de celo del agente de turno. La Guardia Civil está excluida de la presunción de inocencia.

Por otra, un elemento novedoso en este tipo de noticia: la posibilidad de haber empleado armas “ilegales” (una defensa extensible y una defensa eléctrica) que pueden posibilitar la conclusión de falta muy grave. No entro a valorar si con una pistola y unas esposas los agentes deben arriesgar su vida, dado que estas se muestran ineficaces para desarrollar un arresto con las mínimas garantías de no ser heridos. Cuando un guardia emplea el escaso material de dotación, material con una calidad pésima y con un bajo nivel de entrenamiento para su uso, saca una papeleta para el sorteo de un viaje al otro mundo. Si lo quiero hacer sobre la “ilegalidad” de estas armas. Por lo que me comentan (y aquí mis palabras les llegan de segunda mano, sobre esto soy un declarado inexperto, no así mis “fuentes”), en el caso de las defensas extensibles, una importante cantidad de agentes las llevan, no entendiendo como son armas prohibidas si bien son autorizados a portarlas o bien la Jefatura autoriza la asistencia a cursos para aprender su uso.

Paradójico además, pensando que a la policía local de muchos lugares se le da como parte de la dotación defensas extensibles y gas lacrimógeno. Incluso parece ser, dato sin confirmar, que las defensas eléctricas (bien vistas y empleadas por policías de otros lugares del mundo, como los EE.UU.), las “taser”, se dan como dotación en las Canarias.

En este caso concreto, la muerte de este detenido por atentado contra la autoridad (causó lesiones a dos agentes y se resistió con una “agresividad desmedida para una persona que no tuviera perturbadas sus facultades y su estado psicológico”), sobreviene por la rotura del esternón, no por descargas eléctricas, sino por una presión que produjo la fractura. Al utilizar elementos no regulados el estado eludirá (o al menos lo intentará) su responsabilidad civil.

Pongámonos en la piel de un agente de la Guardia Civil, ante un detenido que se resiste, que incluso le agrede (en el propio cuartel de Roquetas, en el año pasado, de sus 80 agentes, 15 tuvieron bajas médicas por lesiones de diversa gravedad), si se encuentra en una ocasión de riesgo para si o sus compañeros… ¿puede echar mano de una estaca de madera, de una silla de la ODAC o de una máquina de escribir? ¿o son armas prohibidas?. Aparentemente, no (“el agente … podrá usar cualquier medio a su alcance ...respetando proporcionalidad ...”). Esto implica, parece ser, que puede tirarsele una piedra a la cabeza, pero no emplear un bolígrafo pistola, o unos nunchakus. ¿Y una defensa eléctrica?... La Guardia Civil está autorizada por el Reglamento de Armas y la Ley Orgánica de Fuerzas de Seguridad para utilizar defensas eléctricas, con el fin de repeler proporcionalmente agresiones de personas, por lo que aún cuando no se dote de estos medios a las patrullas de servicio, si que existe una dotación para su uso en situaciones de suma gravedad, por los agentes antidisturbios, ante desórdenes, agresiones o atentados contra los agentes de la Autoridad.

Todo esto independientemente de este caso, donde al margen de pedir justicia (si hay culpables que paguen) también pido a la opinión pública que de un margen de confianza a los guardias civiles que intervinieron de algún modo, incluido el que estaría sentado ante el ordenador, ya que la maldición abarca a todos los que estaban de guardia. Y a esos ciudadanos que se manifestaban delante del cuartel de Roquetas pidiendo su cierre, que piensen en la ola de delincuencia que se les vendría encima si a algún político descerebrado le diera por cumplir sus deseos.

No he de negar que estoy influido por el entorno. He tenido y tengo familia en la Guardia Civil y ninguno de ellos me ha hecho en ningún momento dudar sobre la integridad del cuerpo. Pero creo que nuestra clase política también está mediatizada… aunque con sentido contrario. Claro que el Sr. Presidente no debe saber lo burro que se puede llegar a poner un caco cuando se empeña. Aunque bien pensado, si se pide aprovechando esto, como se pide, la desmilitarización de la Guardia Civil y su integración en policías autonómicas… se habrá dado un paso más hacia la disgregación de España. Tendríamos que acostumbrarnos a decir “Expaña”